La reforma de la Seguridad Social

Las denominadas medidas de política social han ido implementándose legislativamente sin haber realizado un plan previo definido, hasta que las transformaciones sociales han impulsado que ello se lleve a cabo de modo más racional y ordenado, más planificado. Esto es lo que supuso el Pacto de Toledo de 1995, así como su renovación del año 2003 y los sucesivos acuerdos de desarrollo, reflejo de la concertación social y política, el último de los cuales se firmó por el Gobierno y los agentes sociales en julio de 2006. Todos ellos representaron una programación consensuada de las medidas de racionalización del Sistema de Seguridad Social y de su eje, el sistema de pensiones, hasta llegar a la Ley 40/2007, recientemente publicada. La finalidad de esta Ley viene constituida por la necesidad de dar el adecuado soporte normativo a buena parte de los compromisos relativos a acción protectora incluidos en el referido Acuerdo de 2006, y que afectan, sustancialmente, a incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación y supervivencia. En este sentido la reforma acometida es coherente con los ámbitos preferentes de intervención que, dentro de la Unión Europea, están orientando las reformas adoptadas en otros países de nuestro entorno; a saber: la adecuación de las pensiones a las variables demográficas; la sostenibilidad económico-financiera del sistema de pensiones y su modernización en respuesta justamente a las necesidades cambiantes de la economía, el mercado de trabajo, la sociedad y las personas.